En los últimos años han proliferado multitud de asociaciones cuyos miembros claman ser peritos informáticos. Estas asociaciones suelen tener nombres rimbombantes, incluyendo algunos conceptos como “Nuevas Tecnologías”, “Pericia Tecnológica”, “Peritaje Judicial Informático”, “Ciberdelincuencia”, “Asociación Nacional”, etc. Claman ser peritos informáticos, porque en realidad no lo son, ya que no poseen titulaciones oficiales de informática que habiliten para su ejercicio profesional, como regulan los artículos 340 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 457 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, siendo que tratan de refugiarse en asociaciones creadas al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación, para dar una pátina de legalidad a su actividad pericial fraudulenta, en lugar de colegiarse en los Colegios Profesionales del ramo, a los que no pueden acceder por no ser titulados.
Ahondando en su “modus operandi”, los integrantes de dichas asociaciones, son conocidos por moverse con placas al estilo policial, es decir, doradas, con la figura de una variante del Escudo de España, que suelen utilizar para amedrentar y auto-investirse de autoridad pública cuando les es asignado un caso y han de acudir a una empresa o a una organización, que desconoce que se va a proceder a la realización de una pericial informática, al objeto de que las personas que están utilizando, en ese momento, el material informático que pretende ser analizado, tenga menos reparos (por decirlo de una manera fina), de entregar el material para que el auto denominado perito informático lo analice. Por supuesto, este tipo de comportamientos rozan el delito de usurpación de funciones públicas, siendo que a este perito informático le consta que muchas empresas han denunciado este proceder.
Es relevante señalar también que, junto a la placa, suelen llevar un carné en el que se puede leer “Ministerio del Interior”, junto a una pequeña banderita de España roja y gualda, junto a un número y junto al nombre, apellidos y fotografía del interfecto. Este carné no es más que otro intento de estos impostores por auto-investirse de la autoridad que no poseen, ya que, en nuestro país, la única autoridad existente son los jueces, los fiscales, los secretarios judiciales y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (ningún perito, ni informático ni de cualquier disciplina, está investido de autoridad judicial o policial en ningún caso, ni siquiera en una actuación como perito judicial). Es importante aclarar que este número que aparece en el carné del falso perito informático, no es más que el número otorgado, por el Ministerio del Interior, a cualquier asociación cuando ésta presenta sus estatutos y éstos son aprobados, pasando la asociación a ser inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones. Es decir, se trata de un número que el Ministerio del Interior otorga a todas las asociaciones que se inscriben legalmente en España, por tanto, no es un número de placa ni nada parecido.
Los peritos informáticos impostores suelen elaborar sus informes periciales con muchos escudos (de la asociación), citas a varias normas técnicas, cláusulas de todo tipo, etc., que ocupan varias páginas y que dan una apariencia pomposa y cierta pátina de oficialidad al informe. La metodología suele ser muy pobre, ya que no son titulados universitarios en ingeniería informática y desconocen los aspectos teóricos y metodológicos más fundamentales, siendo, asimismo, los resultados finales y las conclusiones de sus periciales igualmente pobres, e incluso fatales, ya que la mayoría de sus actuaciones no respetan la cadena de custodia de las evidencias informáticas, cuya quiebra es irreversible. Tanto es así, que la tacha de una de estas periciales provocó un recurso de suplicación y una sentencia a dicho recurso de suplicación, en la que se corroboraba la tacha de dicho informe pericial informático de parte en primera instancia, motivándose en la primera sentencia que el perito informático no era tal, entre otras razones, porque se entendía “que el perito presentado por la empresa carece de titulación oficial en informática”, habiendo solamente “realizado un curso de perito informático con la asociación nacional de peritos y tasadores informáticos (ANTPJI) en abril de 2012”, argumentando la citada sentencia de primera instancia “el carácter informal con el que se ha realizado la prueba pericial y el cuestionamiento de la cadena de custodia. También se hace especial mención en el incumplimiento de las garantías del derecho de intimidad del actor a la hora de llevar a cabo la inspección y el registro del equipo informático, declarándose probado que éste no estaba presente. En definitiva que la Magistrado de Instancia, valorando esta prueba y las testificales aportadas al juicio oral concluye que los defectos que presenta la práctica de la prueba pericial realizada por la empresa impiden otorgar valor probatorio a este medio de prueba, y dado que resulta esencial para acreditar los hechos imputados al actor, declara improcedente el despido”.
En otra sentencia emitida, motivada contra uno de estos peritos informáticos impostores, se argumenta que el perito mintió, sobre su titulación oficial, al notario al que acudió para realizar parte de las actuaciones, así como que plasmó conclusiones falsas e infundadas en el informe y que “no da razón de ciencia en sus afirmaciones ni explica y detalla las condiciones en que realiza las pruebas”, siendo “carentes de rigor técnico alguno”. Como se puede comprobar, la sentencia no tiene desperdicio y se muestra un pantallazo de la misma suprimiendo el apellido del falso perito informático.
Como se ha visto, queda meridianamente claro el riesgo que supone para un particular o empresa contratar los servicios de uno de estos impostores. Pero lo más grave, no es que suponga un riesgo para el contratante que, a fin de cuentas, podrá denunciar al falso perito informático por delitos de estafa y/o intrusismo profesional si pierde el caso por su falta de pericia, sino para el justiciable. Como la mayoría de estos falsos peritos informáticos no tienen ningún tipo de escrúpulos a la hora de elaborar sus informes periciales, incluyendo en los mismos, sin pudor alguno, todo tipo de conclusiones falsas y absolutamente infundadas, la mayoría de las veces, sin haber siquiera realizado adquisición forense de las evidencias y establecido un protocolo de conservación de las mismas, que permita posteriores análisis de contraste de contrario, los justiciables que deban enfrentarse al informe pericial de uno de estos falsos peritos informáticos, pueden verse en un grave apuro si el juzgador asimila las conclusiones, fiándose del juramento que todo perito debe prestar de decir verdad y de las artes embaucadoras de estos intrusos, los cuales tienen mucha labia.
Así pues, la Administración de Justicia debe actuar sin dilación contra estos impostores, que pueden perjudicar de manera muy grave los intereses económicos e incluso la libertad de los justiciables.
Baste el siguiente ejemplo. Uno de los últimos informes periciales que este perito ha elaborado, consistía en rebatir las conclusiones falsas de uno de estos falsos peritos informáticos. El caso trataba sobre una web con enlaces intermedios a descargas protegidas por las leyes de propiedad intelectual, sobre la que el falso perito informático realiza un informe pericial, carente absolutamente de metodología, pero la cuestión más grave es que, cuando el perito llega a las conclusiones, señala que el usuario administrador de la web es el publicador de enlaces (intermedios, ya que no existían enlaces a descargas directas), más activo de la página. Pues bien, unas páginas más arriba, en el informe, el propio falso perito incluye un cuadro con el número de publicaciones realizadas por todos y cada uno de los publicadores, siendo que el administrador, según dicho cuadro, no había publicado ni uno solo de los enlaces. Es más, el falso perito informático adjunta un fichero Excel con todos los enlaces intermedios (más de 7000), y sus publicadores, siendo que el usuario administrador no aparecía en ninguno de ellos. El falso perito demuestra, por duplicado, que el usuario administrador no ha publicado ningún enlace intermedio y, sin embargo, en las conclusiones, señala que es el publicador más activo.
Este falso perito informático es miembro, como no podría ser de otra manera, de una de estas asociaciones de falsos peritos informáticos. Este afectado, al que la Justicia le pide penas de prisión, así como elevadas cantidades económicas en concepto de indemnización, ha podido contratar a este perito informático para elaborar un informe pericial que desmonte las mentiras del falso perito informático, pero no todo el mundo puede pagar un profesional de verdad, motivo por el cual, cualquier justiciable está en peligro con este tipo de impostores operando sin control alguno en toda la geografía nacional.
Respecto a las asociaciones de peritos informáticos intrusos, cabe señalar, además, que se han creado varias, siendo que, como este tipo de asociaciones son “chiringuitos” no sometidos al escrutinio al que puede estar sometido un Colegio Profesional, que es una corporación de derecho público, sus miembros se “pelean” entre ellos y, especialmente, los socios “rasos” con la cúpula, se separan y crean una nueva asociación que, por supuesto, siempre es “nacional”, de “pericia informática”, de “ciberdelincuencia” y otros términos petulantes. Este proceso se repite sin fin; existen numerosas asociaciones de falsos peritos informáticos creadas a partir de otras asociaciones de falsos peritos informáticos.
Para evitar cualquier tipo de confusión y, sobre todo, para evitar ser estafado por uno de estos falsos peritos informáticos, la mejor decisión, bien sea un particular o bien una empresa, es dirigirse siempre a un Colegio Profesional de Ingenieros o Ingenieros Técnicos en Informática, o a la ALI, que es la única asociación nacional de titulados en Ingeniería Informática (el resto de las asociaciones se encuentran conformadas por intrusos, ya que en sus estatutos permiten la entrada a cualquiera). De igual manera, si un ciudadano se viese afectado por la actuación impune de uno de estos falsos peritos, lo primero que debe hacer es recurrir a un perito informático colegiado que desmonte el informe del impostor y, después, a querellarse contra el impostor.
Finalmente, es importante destacar las diferencias entre los peritos informáticos colegiados y los peritos informáticos impostores. Los peritos informáticos colegiados son profesionales liberales que ejercen su profesión de manera liberal como cualquier otra profesión ejercida de forma liberal, sujetos a un código ético y deontológico aprobado por el Colegio Profesional. Para diferenciar entre unos y otros, se debe solicitar siempre la adscripción profesional del perito informático, siendo que, si el perito informático se encuentra colegiado, se podrá, en principio, confiar en él y, si se manifiesta como asociado en una asociación de peritos informáticos, lo más prudente es buscar otro profesional de inmediato.
Es importante huir también de presupuestos muy bajos, ya que un despacho profesional no puede mantenerse cobrando presupuestos bajos a los clientes, menos aún en una profesión como ésta, en la que se necesitan conocimientos muy especializados, herramientas muy especializadas y costosas y, sobre todo, estar siempre al día, siendo que, además, un presupuesto bajo acarreará, sin ningún género de dudas, un bajo nivel de implicación que, obviamente, no es el mejor punto de partida para afrontar un asunto de índole judicial, especialmente si es en el ámbito penal y hay en juego una posible condena a prisión, o en el ámbito empresarial y hay en juego mucho dinero. Un presupuesto muy bajo incidirá de manera directa y negativa en el resultado final del informe que, obviamente, será de una calidad pésima y muy posiblemente no sirva para nada si el presupuesto es bajo.
Pero más grave es aún que el falso perito destruya la cadena de custodia de las evidencias involucradas, siendo que, en tal caso, ni siquiera un perito informático colegiado podrá ya arreglar el entuerto, puesto que la pérdida de la cadena de custodia de cualquier evidencia es irreversible, como ya se ha indicado.